Por Francisco Javier Zapata Pérez
Cerrar el año en Nayarit hablando de personas desaparecidas obliga a una verdad incómoda: la principal política pública del Estado ha sido la negación. Negación estadística, negación institucional y, lo más grave, negación humana.
Mientras en discursos oficiales se insiste en que Nayarit es un estado “tranquilo”, las cifras, los colectivos y las familias narran otra historia: la desaparición se ha normalizado, se administra y, en algunos casos, se maquilla bajo el eufemismo perverso de las “ausencias voluntarias”.
No se trata de una falla técnica. Es una decisión política.
Desaparecer dos veces: primero la persona, luego el expediente.
En Nayarit, una persona no solo desaparece físicamente; desaparece del sistema. La Fiscalía retrasa búsquedas, minimiza denuncias, fragmenta expedientes y traslada la carga de la investigación a las familias. El mensaje implícito es brutal: si desapareciste, fue tu culpa; si reclamas, estorbas.
El subregistro no es casual. Clasificar desapariciones como ausencias voluntarias reduce cifras, evita alertas, disimula responsabilidades y mantiene intacta la narrativa de gobernabilidad. El problema no es que no sepan buscar; es que no quieren encontrar.
Jóvenes y mujeres: el patrón que el Estado se niega a ver.
El cierre del año confirma un patrón claro: jóvenes, adolescentes y mujeres concentran el mayor riesgo de desaparición. No es coincidencia ni fenómeno aislado. Es resultado directo de:
• Reclutamiento forzado del crimen organizado
• Violencia feminicida encubierta
• Redes de explotación que operan con tolerancia institucional
• Territorios sin vigilancia real, pero con control informal
Cuando una adolescente desaparece, el Estado pregunta por su conducta; nunca por su omisión. Cuando una mujer no regresa, se investiga su vida privada antes que su entorno violento. Esa lógica no es ignorancia: es violencia institucional.
Colectivos haciendo el trabajo que el gobierno abandonó.
En Nayarit, las búsquedas no las lidera el Estado; las sostienen las madres. Con palas, con recursos propios, con amenazas encima y con una dignidad que deja en evidencia a las instituciones.
El Estado llega tarde, cuando llega. Observa, documenta y se retira. No encabeza, no protege y no resuelve. Cada fosa encontrada por un colectivo es una prueba directa del fracaso gubernamental.
Seguridad sin derechos humanos: la fórmula del fracaso.
El problema de fondo es estructural: Nayarit sigue apostando a una política de seguridad sin derechos humanos y a una política de derechos humanos sin poder real. El resultado es un vacío donde nadie busca, nadie responde y nadie paga.
No hay coordinación efectiva con instancias federales. No hay indicadores públicos de resultados. No hay rendición de cuentas. La impunidad no es una consecuencia; es el sistema.
Cerrar el año así es un acto de cinismo.
Cerrar el año presumiendo estabilidad mientras hay familias que no saben dónde están sus hijos es cinismo institucional. Hablar de paz sin verdad es propaganda. Hablar de gobernabilidad sin justicia es simulación.
Las desapariciones en Nayarit no son un problema heredado ni externo: son una responsabilidad presente. Cada día sin búsqueda efectiva es una decisión. Cada expediente detenido es una elección. Cada madre sola en el monte es una derrota del Estado.
La pregunta que queda para 2026.
¿Seguirá Nayarit administrando el dolor o se atreverá, por fin, a enfrentar la verdad?
Porque un gobierno que no busca a sus desaparecidos ya decidió de qué lado de la historia quiere estar.
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